UCC Temas de Consumo Compraventas fuera de establecimientos
Compraventas fuera de establecimientos PDF Imprimir E-mail

Las compraventas realizadas fuera de establecimientos suponen un importante ámbito de actividad que genera dudas, consultas y, en ocasiones, reclamaciones, por parte de los consumidores.

Dicha actividad se encontraba recogida en la Ley 26/1991, de 21 de noviembre (BOE núm. 283, de 26 de noviembre), transposición de una Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 85/577. Actualmente en el RDL 1/2007. La razón de ser de dicha reglamentación no fue otra más que la consideración de que en los contratos celebrados fuera del establecimiento del comerciante, concurren circunstancias de iniciativa de éste y de imposibilidad de comparación de la calidad y el precio de la oferta que pueden determinar la existencia de prácticas comerciales abusivas.

Así pues, plasmamos a continuación los aspectos más reseñables, para el consumidor, de la normativa.

¿Qué se entiende por contrato fuera de servicio?

Son aquellos celebrados entre un empresario y un consumidor en los que concurran las siguientes circunstancias:

  1. Cuando tengan lugar fuera del establecimiento del empresario.
  2. En la vivienda del consumidor o de otro consumidor, salvo que la visita del empresario o de quien actúe en su nombre haya sido expresamente solicitada por el consumidor.
  3. En un medio de transporte público.

Quedan excluidos del ámbito de la Ley:

  1. Contratos en los que la prestación total del consumidor sea inferior a 48 Euros.
  2. Contratos relativos a la construcción, venta y arrendamiento de bienes inmuebles.
  3. Contratos de seguros y de valores inmobiliarios.

Otras exclusiones:

Aquellos contratos en los que se reúnan estas tres circunstancias:

  • Que se realicen sobre la base de un catálogo que el consumidor haya podido consultar en ausencia del empresario.
  • Que se haya previsto una continuidad de contacto entre consumidor y empresario.
  • Que el catálogo o el contrato mencionen claramente la facultad del consumidor a rescindir libremente el contrato durante un plazo mínimo de siete días.

 
 

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